Los accidentes de trabajo y el recargo de prestaciones de la seguridad social

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El recargo de prestaciones se puede iniciar por dos motivos fundamentalmente: De oficio a cargo de  Inspección de trabajo o por denuncia del propio trabajador.

El sistema de la seguridad social en España garantiza unas prestaciones mínimas o básicas para todas las víctimas de accidentes laborales o por enfermedades comunes, pero si hay una conducta especialmente dolosa por parte del empresario, tendremos derecho a esta prestación adicional como compensación. El llamado “restitutio in integrum”, o lo que es lo mismo, dejar a la victima en una situación como la que tenía antes del accidente aquí cobra todo el sentido, más si tenemos en cuenta el daño económico que un accidente de este tipo provoca a las víctimas y familiares.

No es de extrañar, aunque no siempre se cumpla, que sea la propia constitución española, en su artículo 40.2 implica la obligación de todos de velar por la seguridad e higiene en el trabajo.

¿Qué es el recargo de prestaciones?

El recargo de prestaciones es el incremento del 30% al 50% de todas y cada una de las distintas prestaciones económicas relacionadas con la seguridad social que se produzcan por un accidente laboral y una omisión de medidas de seguridad.

Entre las distintas prestaciones se encuentran principalmente la incapacidad temporal o baja, las lesiones permanentes no invalidantes, la incapacidad permanente parcial , la incapacidad permanente total y la incapacidad permanente absoluta y la gran invalidez.

Requisitos para el recargo de prestaciones

Para que un inspector laboral pueda determinar un recargo en las prestaciones se tienen que dar unos requisitos básicos:

  1. Se debe producir un accidente de trabajo o una enfermedad profesional
  2. Que la víctima tenga derecho a percibir prestaciones económicas por la seguridad social
  3. Existencia de un incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales.
  4. Relación causal entre la omisión de medidas de seguridad y el resultado lesivo
  5. Que de dichas lesiones surja un derecho al cobro de algún tipo de prestación frente a la Seguridad Social.

Cuantía del recargo de prestaciones

La cuantía de un recargo de prestaciones varía entre el 30 y el 50% para adecuar dicho recargo a la gravedad de la infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales de tal forma que ante una infracción leve correspondería un recargo del 30%, ante una infracción grave un recargo del 40% y ante una muy grave un 50% de recargo en las prestaciones.

El sujeto responsable del pago del recargo es única y exclusivamente el empresario infractor. Existe la prohibición expresa de asegurar este riesgo.

No existen responsables subsidiarios y la responsabilidad suele quedar siempre clara salvo en algunos casos en los que intervienen más de un sujeto responsable al tratarse de trabajos compartidos por distintas empresas en régimen de contrata y subcontratas…

Se habla pues en estos casos de responsabilidad solidaria entre varias empresas.

Desde el punto de vista práctico cabe señalar que es el propio INSS quién se encarga de todo lo relacionado con dicho recargo de prestaciones desde el principio hasta el cobro definitivo de las cantidades por parte del trabajador accidentado. La Tesorería de la Seguridad Social se encargará de la capitalización de dichas cantidades (en los casos por ejemplo de IPT o IPA)

Por último reseñar que el cobro del recargo de prestaciones es compatible con el cobro de otras indemnizaciones por responsabilidad civil o por el seguro que establece el convenio colectivo.

De hecho para reclamar una indemnización por omisión de medidas de seguridad no hay nada tan efectivo que contar con un acta de infracción y un recargo de prestaciones para asegurarse la viabilidad de la reclamación de la indemnización por dicho accidente laboral.

Al respecto de este asunto del recargo de prestaciones económicas de la seguridad social por accidentes de trabajo existe mucha polémica, no sólo en las cuantías sino también en si es suficiente un incumplimiento del empresario ha de ser doloso o simplemente basta con una concurrencia de culpas, por eso, siempre recomendamos contar con un abogado especialista en indemnizaciones por accidentes laborales que defienda nuestros derechos no sólo frente a la empresa, sino también frente a las posibles decisiones que tome la seguridad social respecto al mismo.

El plazo que tiene un trabajador para presentar una reclamación de un recargo de prestaciones es de 5 años. Si Inspección de trabajo no actuó de oficio es el trabajador el que tiene que tomar la iniciativa y denunciar si ha sufrido un accidente de trabajo en el que pueda haber habido una negligencia de la empresa o cualquier omisión de medidas de seguridad.

Recargo de prestaciones con Incapacidad permanente

Cuando el accidente laboral sufrido por el trabajador es de tal entidad que le incapacita para el desarrollo de su trabajo habitual o incluso para cualquier tipo de trabajo, las cantidades a las que puede tener que hacer frente el empresario que incurrió en una omisión de medidas de seguridad empieza a alcanzar unas cifras tan elevadas que puede poner en riesgo la continuidad de su empresa.

Para que se entienda con un ejemplo imaginémonos un trabajador de 30 años que debido al accidente de trabajo le reconocen una incapacidad permanente absoluta, es decir que no puede realizar ningún tipo de trabajo.

Supongamos que el salario de este trabajador era de 1000 euros mensuales e Inspección laboral le impone un recargo de prestaciones del 50%, significará que el empresario deberá hacer frente a un pago de 500 euros mensuales hasta que el trabajador se retire que en el caso del ejemplo significaría una indemnización total de 210.000 Euros.

A esta cantidad habría que añadir la indemnización por daños y perjuicios que como se podrá comprobar en esta calculadora de indemnizaciones por accidentes laborales, podría suponer fácilmente otros 300.000-400.000 euros de indemnización.

Los accidentes de trabajo y el recargo de prestaciones de la seguridad social

Recargo de prestaciones en empresas insolventes

Desgraciadamente no siempre que Inspección de trabajo determina la existencia de un recargo de prestaciones favorable a un trabajador que haya sufrido un accidente laboral, este es cobrado con facilidad por el trabajador.

Las empresas normalmente contratan seguros de Responsabilidad civil e incluso seguro de accidentes que cubran la cuantía que establece cada convenio colectivo.

Sin embargo el recargo de prestaciones no está sujeto a cobertura por ningún seguro ya que es un concepto más parecido a una multa o sanción que impone un Inspector para dar un escarmiento al empresario e intentar que se incremente la concienciación en lo que se refiere a la salud laboral y prevención de riesgos laborales.

En el hipotético caso de que una empresa no pague el recargo por insolvencia de la misma, el trabajador se verá obligado a contratar el servicio de abogados como nosotros que iniciaremos una reclamación judicial frente al empresario que se verá obligado a responder con sus bienes personales.

Normalmente estas reclamaciones acaban en largos procesos que se encadenan unos con otros ya que en numerosas ocasiones los pequeños empresarios incurren en otros delitos como el alzamiento de bienes tratando de proteger sus viviendas y demás bienes potencialmente embargables , llegando hasta el caso de vender todas sus propiedades y poner el dinero a nombre de un familiar para evitar hacer frente al recargo de prestaciones.

Recuerda:

Inspección de trabajo solo actúa de oficio si el accidente ha sido considerado grave o muy grave.

La realidad es que la mayoría de los accidentes graves no son considerados como tal por las mutuas laborales por lo que en la mayoría de los casos, es el propio trabajador el que tiene que presentar una denuncia si quiere conseguir el recargo de prestaciones y la indemnización por el accidente laboral sufrido.

En la denuncia es importante que orientes al Inspector acerca de cuales crees que han sido los posibles fallos de seguridad.

Identifica en la denuncia a los trabajadores que han presenciado el accidente y creas que pueden servirte de testigos para corroborar el relato de tu accidente laboral

No dudes en llamarnos antes de presentar ninguna denuncia o dar algún paso en falso. Recuerda que nuestra asesoramiento es totalmente gratuito.

EL RECARGO DE PRESTACIONES DERIVADO DE ACCIDENTE LABORAL – Monfort & Bonell Abogacía y Asesoría de Empresa

Una de la obligaciones empresariales es velar por la salud de los trabajadores, y para ello, está obligado a cumplir todas las exigencias relacionadas con la prevención de riesgos laborales.

Un principio de la prevención de riesgos laborales dice que todos los accidentes son evitables, pueden preverse, por lo que son muy excepcionales los accidentes laborales en los que pueda apreciarse la concurrencia de una caso fortuito o de fuerza mayor (que en todo caso, siempre deberán quedar suficientemente acreditados por la empresa).

Si además, la propia Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales establece como principio preventivo en su Art. 14.4 que “La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador”, es evidente que el empresario está expuesto de forma permanente a la responsabilidad por accidente laboral.

Efectivamente: cuando existe un accidente de trabajo o enfermedad profesional ocasionado como consecuencia de una infracción de las normas de prevención de riesgos laborales, el empresario puede incurrir en una triple responsabilidad:

  • Una responsabilidad penal (Arts. 316 a 318 del Código Penal: delito contra la seguridad de los trabajadores).
  • Una responsabilidad civil por los daños y perjuicios sufridos por el trabajador accidentado, que se resolverá ante la jurisdicción laboral. Esta responsabilidad puede venir cubierta por una póliza de seguros de responsabilidad civil que contemple como riesgo la responsabilidad patronal.
  • Una responsabilidad administrativa doble (que no puede ser asegurada):
    • La sanción pecuniaria impuesta por la Inspección de Trabajo por infracción de las normas sobre prevención de riesgos laborales.
    • Un recargo de prestaciones impuesta por el INSS.
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Así se recoge en el Art. 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales:

 “el incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará lugar a responsabilidades administrativas, así como, en su caso, a responsabilidades penales y a las civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento”.

Respecto al RECARGO DE PRESTACIONES, el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, dispone en su Art. 164:

Artículo 164 Recargo de las prestaciones económicas derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional

  1. Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por ciento, cuando la lesión se produzca por equipos de trabajo o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los medios de protección reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad y salud en el trabajo, o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador.
  2. La responsabilidad del pago del recargo establecido en el apartado anterior recaerá directamente sobre el empresario infractor y no podrá ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla, compensarla o trasmitirla.
  3. La responsabilidad que regula este artículo es independiente y compatible con las de todo orden, incluso penal, que puedan derivarse de la infracción.
  • Así pues, si se impone por el INSS el recargo de prestaciones a una empresa, el empresario tendrá que abonar al trabajador accidentados (o a su familia, en caso de fallecimiento) una cuantía que supondrá un 30% o 50% más de la prestación a la que tiene derecho el trabajador (o su familia), afectando a todas las prestaciones de seguridad social, ya sea durante la incapacidad temporal, o si se determina la declaración de una incapacidad permanente parcial, total, absoluta, o gran invalidez.
  • La competencia para declarar la responsabilidad está atribuida al Director Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social -INSS-
  • La fijación del porcentaje de recargo queda a discrecionalidad del INSS o, en su caso, del Juez, en relación con la gravedad del incumplimiento empresarial.
  • El problema es que ese pago debe realizarse por la empresa en un pago único, una vez el INSS calcula el capital-coste-renta que supone este incremento sobre la prestación reconocida al trabajador accidentado, lo que muchas veces puede ocasionar la ruina y disolución de la empresa, dado su elevado importe.
  • La tramitación del recargo de prestaciones:
  • El procedimiento habitual es que la Inspección de Trabajo, cuando conoce de la existencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional que puede dar lugar a un recargo por falta de medidas de seguridad, realice un informe, con una propuesta de recargo y lo remita al INSS para que este trámite el expediente, y en su caso, acuerde el recargo. Téngase en cuenta que la Inspección de Trabajo no intervendrá cuando se trate de accidentes laborales leves, o cuando el accidente haya sido calificado como leve por la empresa.
  • Si la Inspección de Trabajo no ha tenido conocimiento de la existencia del accidente de trabajo, deberá ser el trabajador accidentado quien solicite al INSS el inicio del expediente.

El plazo de prescripción para reclamar el recargo de prestaciones es de 5 años, y este plazo se inicia cuando la última prestación ha sido reconocida.

Esto significa que si ocho meses después del acaecimiento del accidente laboral el INSS le reconoce al trabajador accidentado una incapacidad permanente, el plazo para reclamar el recargo de prestaciones se iniciará al día siguiente de dicho reconocimiento de la prestación por incapacidad permanente.

  1. Un vez presentado el escrito, el plazo máximo para resolver el expediente de recargo por parte del INSS es de 135 días hábiles.
  2. En caso de que transcurra dicho plazo sin que exista una resolución expresa se deberán iniciar las reclamaciones judiciales oportunas, ya que se entenderá el silencio administrativo como la denegación del derecho al recargo de prestaciones.
  3. Antes de la demanda ante los Juzgados de los Social (antes la competencia estaba atribuida a la jurisdicción contenciosa), es necesario, presentar una reclamación previa.
  4. Nuestra firma tiene una amplia experiencia en la tramitación de los expedientes por recargo de prestaciones ante el INSS y en las reclamaciones ante la jurisdicción social, prestando siempre un asesoramiento actualizado y directo con nuestros clientes.

Qué es y cómo solicitar el recargo de prestaciones

  • Una de la obligaciones empresariales es velar por la salud de los trabajadores, y para ello, está obligado a cumplir todas las exigencias relacionadas con la prevención de riesgos laborales.
  • Por ello, cuando existe un accidente de trabajo o enfermedad profesional ocasionado como consecuencia de una infracción de las normas de prevención de riesgos laborales, el empresario estará obligado a abonar un recargo de las prestaciones a la persona trabajadora.
  • Para que exista este recargo, primero tiene que existir un accidente de trabajo o una enfermedad profesional que sea considerado como tal por la mutua de accidentes de trabajo, en caso contrario, se deberá iniciar un procedimiento de determinación de contingencias.
  • En segundo lugar, tiene que existe una relación directa entre el accidente o enfermedad acaecido y el incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte de la empresa.
  • ¿En qué se traduce esta obligación?
  • El empresario tendrá que abonar al trabajador un complemento de un 30% o 50% más de todas las prestaciones que la persona trabajadora tenga derecho que abona la seguridad social, esto es las derivadas de la incapacidad temporal o, en su caso, incapacidad permanente.
  • Este derecho viene recogido en el artículo 164 del Ley General de la Seguridad Social.
  • En relación con lo indicado hasta ahora, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos para que exista el recargo de prestaciones:
  1. La existencia de un accidente laboral o enfermedad profesional. Si no se ha considerado como tal, es necesario previamente iniciar un procedimiento de determinación de contingencias.
  2. El incumplimiento por parte del empresario de las obligaciones de prevención de riesgos laborales.
  3. La cuestión clave, una relación directa, existencia de un nexo causal, entre el accidente o enfermedad y el incumplimiento del empresario de la prevención de riesgos laborales.

Fijación de la cuantía

  1. La legislación sólo indica que el recargo varía entre una horquilla del 30% y el 50%, pero no recoge ninguna regla para el cálculo.

  2. Por lo tanto, la fijación del porcentaje de recargo queda a discrecionalidad del juez o inspección de trabajo en relación con la gravedad del incumplimiento empresarial.

  3. Además, tal y cómo indica el apartado 3 del artículo 164:

La responsabilidad que regula este artículo es independiente y compatible con las de todo orden, incluso penal, que puedan derivarse de la infracción.

  • Este aumento del 30 al 50 por ciento se aplica sobre la pensión que perciba el trabajador a cargo de la seguridad social durante la incapacidad temporal, y en caso de pensión de incapacidad permanente en cualquiera de sus grados; parcial, total, absoluta o de gran invalidez.
  • Por ello, no incluye posibles mejoras que el convenio colectivo establezca.
  • En caso de IRPF, el tratamiento fiscal del recargo de prestaciones tiene el mismo tratamiento fiscal que la prestación que se reciba, es decir, tributa en caso de la prestación de incapacidad temporal, pero no lo hace en caso de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.

Responsabilidad del pago

La responsabilidad del pago recae directamente sobre el empresario, aunque el encargado de las medidas de seguridad fuese un encargado o responsable de equipo.

Además, y debido a la naturaleza sancionadora de este derecho, no podrá estar cubierto por ningún tipo de seguro de responsabilidad.

Esta imposibilidad de asegurar la prestación, genera bastante debate en la doctrina al causar en muchos casos un perjuicio al trabajador cuando el empresario es insolvente.

Por ello, algún sector opina que sería admisible el aseguramiento para el caso de que el empresario sea insolvente para garantizar que el trabajador reciba la cuantía a la que tiene derecho por el incumplimiento empresarial.

  1. Sin embargo, el que finalmente abona el recargo de prestaciones al trabajador es la Seguridad Social, siempre y cuando se lo hubiera abonado a éste el empresario.
  2. Para ello, la Tesorería General de la Seguridad Social recauda el recargo de prestaciones directamente del empresario.
  3. En caso de impago y de insolvencia del empresario infractor, el trabajador no cobrará dicha cuantía, ya que el INSS en ningún caso es responsable subsidiario del abono.

Compatibilidad con otras indemnizaciones

  • La finalidad del recargo, y su naturaleza sancionadora, permite que sea compatible con cualquier tipo de indemnización u otra acción legal que pudiera corresponderle al trabajador.
  • Es bastante probable, que al existir un recargo de prestaciones, el trabajador tenga derecho a una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por el accidente de trabajo.
  • De hecho, en caso de accidente de trabajo existen diferentes indemnizaciones a la que se pueden tener derecho como detallamos en este artículo.
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Cómo solicitarlo

La competencia para declarar la responsabilidad está atribuida al Director Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social -INSS-.

La tramitación de este expediente puede ser iniciado por:

  1. La inspección de trabajo.
  2. El propio trabajador o el representante del mismo
  1. El procedimiento habitual es que la Inspección de Trabajo, cuando conoce de la existencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional que puede dar lugar a un recargo por falta de medidas de seguridad, realice un informe, con una propuesta de recargo y lo remita al INSS para que este trámite el expediente y en su caso acuerde el recargo.
  2. Para el caso de que esto no suceda, puede suceder que la inspección de trabajo no conoce la existencia de un accidente de trabajo, deberá ser el trabajador el que solicite al INSS el inicio del expediente.
  3. Iniciado el expediente, el INSS pone en conocimiento de todas las partes implicadas, entre ellas, la empresa, de la apertura del expediente.

Solicitud por parte del trabajador

  • Es importante que el trabajador, ante la pasividad de la INSS, solicite el inicio de un expediente que valore la posibilidad de un recargo de prestaciones.
  • En este enlace podrás descargarte un modelo de solicitud para conseguir el recargo de prestaciones que se deberá presentar en la sede electrónica del INSS (no es necesario certificado electrónico) o a través del registro correspondiente.
  • Un vez presentado el escrito, el plazo máximo para resolver el expediente de recargo por parte del INSS es de 135 días hábiles.
  • En caso de que transcurra dicho plazo sin que exista una resolución expresa se deberán iniciar las reclamaciones judiciales oportunas, ya que se entenderá el silencio administrativo como la denegación del derecho al recargo de prestaciones.
  • Pero antes de la demanda ante los Juzgados , es necesario, presentar una reclamación previa.

Procedimiento judicial

Si la solicitud por parte del trabajador no es resuelta, o la resolución no es favorable al trabajador podrá instar un procedimiento judicial para solicitar el recargo de prestaciones.

Para ello, será necesaria la presentación de una reclamación previa, y posteriormente una demanda ante el juzgado de lo social.

Plazo

  1. El plazo de prescripción para reclamar el recargo de prestaciones es de 5 años y se inicia cuando la última prestación ha sido reconocida.

  2. Por ejemplo, si se reconoce una incapacidad permanente, seis meses después de un accidente laboral, se considerará como primer día para reclamar el recargo, después del reconocimiento de la incapacidad permanente.

  3. Sin embargo, los efectos económicos de esta prestación, sólo se puede retrotraer 3 meses desde la correspondiente solicitud o reclamación.
  4. Es decir, si se concede no se retrotrae las consecuencias desde la fecha del accidente o de la consideración de enfermedad profesional, sino desde la solicitud.

Los tres meses no varía por ninguna circunstancia. Por ejemplo, el Tribunal Supremo en la sentencia de de 13 de octubre de 2020 dice que sólo se computan tres meses en el momento de la solicitud aunque no se hiciera antes por que todavía no se había reconocido el accidente como laboral.

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Régimen General

Toda lesión, mutilación o deformidad:

  • Causada por accidente de trabajo o enfermedad profesional.
  • Que no constituya incapacidad permanente.
  • Que altere o disminuya la integridad física del trabajador.
  • Que esté catalogada en el baremo establecido al efecto.

Los trabajadores integrados en el Régimen General, en alta o situación asimilada a la de alta, que hayan sufrido la lesión, mutilación o deformación con motivo de un accidente de trabajo o enfermedad profesional y hayan sido dados de alta médica por curación.

  • La prestación consiste en una indemnización a tanto alzado, que se concede por una sola vez, cuya cuantía está fijada por baremo y para las lesiones, mutilaciones y deformidades que en el mismo se recogen.
  • La cuantía de la prestación se aumentará, según la gravedad de la falta, de un 30% a un 50% cuando la lesión, mutilación o deformidad se produzca por máquinas, artefactos o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador.
  • Dicho recargo recae directamente sobre el empresario infractor.
  • Es compatible con el trabajo en la misma empresa.
  • Es incompatible con las prestaciones económicas establecidas para la incapacidad permanente, salvo que las lesiones, mutilaciones o deformidades sean totalmente independientes de las tomadas en consideración para declarar la incapacidad permanente y su grado.

Las cantidades que correspondan por aplicación del baremo se satisfacen por la Entidad gestora, el Instituto Nacional de la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina, o por la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social que esté obligada a realizar el pago de las prestaciones por incapacidad permanente derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional.

El empresario infractor será responsable del pago del recargo por falta de medidas de seguridad e higiene.

Las lesiones, mutilaciones y deformidades son revisables por agravación de las secuelas que motivaron la indemnización por las lesiones permanentes no invalidantes, sin impedir que el trabajador pueda solicitar el reconocimiento del derecho a las prestaciones por incapacidad permanente derivada de la contingencia que corresponda.

Accidentes de trabajo y recargo de prestaciones a la Seguridad Social

El pasado lunes 6 de marzo, tuvo lugar un nuevo encuentro en la Facultad de Derecho de la Universidade da Coruña con motivo de los Diálogos 2020. El tema a tratar en esta ocasión ha sido “Accidentes de trabajo y recargo prestaciones a la Seguridad Social, ¿cómo se gestionan estas responsabilidades?”.

Y, para ello, como viene siendo habitual, hemos contado con ponentes de primer nivel como Ricardo Ron Latas, Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia; Santiago Martín Gil, Senior Advisor en HDI GLOBAL y Director del Boletín “RC y Seguro” que edita INESE; y, Víctor Lucas Olmedo, Director del Área Laboral de Muñoz Arribas Abogados.

La primera de las intervenciones corrió a cargo del magistrado Ron Latas, quien ya adelantó que la cuestión fundamental va a residir en si puede considerarse asegurable el recargo de las prestaciones.

Durante su intervención, eminentemente práctica, expuso el supuesto de hecho de una sentencia para finalizar con el contenido de la misma e ilustrar así  acerca de la diligencia exigida al empresario en materia de recargo de prestaciones.

Y es que, el empresario debe proteger siempre al trabajador, siendo el deber de diligencia ilimitado, aunque, como indicó el magistrado, puede observarse una cierta evolución en la jurisprudencia que tiende a rebajar la exigencia en la relación de causalidad. 

A continuación, tomó la palabra el Sr. Martín Gil, y presentó datos ilustrativos de la importancia de la figura del recargo de las prestaciones para el tejido empresarial. De las cifras aportadas cabe destacar que en 2015 hubo 4.000 accidentes graves y mortales, de los que en 2.

864 se impuso un recargo de las prestaciones. Así, concluyó, el recargo se impone en más del 50% de los casos. Además, el importe medio del recargo suele ser de unos 150.000€, y el máximo de unos 400.

000€, con lo que se trata de cuantías elevadas que puede tener una repercusión muy negativa en la actividad empresarial, o incluso abocar a la empresa al cierre.

En último lugar, tuvo lugar la intervención del Sr. Lucas Olmedo, cuyo propósito fue el de ilustrar jurídicamente su posición acerca del posible aseguramiento del recargo de prestaciones.

Para ello, comenzó hablando de la evolución legislativa de la figura del recargo de las prestaciones, recogida por primera vez en el Ordenamiento jurídico español en la Ley de accidentes de trabajo, como una cantidad a abonar añadida a la indemnización de responsabilidad civil.

Sin embargo, en la legislación posterior, esta figura pasa a ser calificada como una sanción hasta 1966, año en se publica una Ley de bases en la que desaparece toda mención a su calificación como sanción.

En cuanto a su naturaleza jurídica, el ponente señala que existen argumentos para defender que se trata de, o bien una sanción, una prestación, o una indemnización.

Sin embargo, en su opinión los argumentos más sólidos son los que sitúan el recargo como una indemnización ya que, la producción de un daño es un requisito esencial para la existencia de recargo; y lo más importante, es que el importe del recargo lo recibe el perjudicado, como ocurre con las indemnizaciones, no así con las sanciones. Además, es compatible con el resto de sanciones y, de ser una sanción se incurriría en una infracción del principio non bis in ídem.

Abundando en los motivos por los que el recargo debería ser una indemnización, el ponente señaló que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 42.3 establece el carácter indemnizatorio del recargo.

En cuanto a la jurisprudencia, apuntó que si bien en una STS de 2 de octubre de 2000 se declara que el recargo no tiene carácter indemnizatorio; en estos diecisiete años se ha operado una evolución jurisprudencial que puede observarse en otras sentencias como la del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 2014, que califica el recargo de indemnización; o, la STS de 23 de marzo de 2015 relativa al “caso uralita”, en virtud de la cual se declara transmisible el recargo en el caso de sucesión empresarial, rompiendo así la regla del artículo 164 de la Ley General de la Seguridad Social. Esta sentencia, además, contiene un voto particular del magistrado López García de la Serrana a favor de la calificación del recargo como indemnización.

Finaliza el Sr. Lucas Olmedo su intervención proporcionando a los asistentes tres razones jurídicas fundamentales por las que el recargo de las prestaciones debería ser objeto de aseguramiento. La primera es que existe una derogación tácita del artículo 164 de la Ley General de la Seguridad Social operada por el artículo 15.

5 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que permite que cualquier contingencia sea objeto de seguro, y el recargo es una contingencia.

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 La segunda, la aplicación de la teoría administrativista de la prohibición ultra vires del recargo de prestaciones, esta teoría afirma que un decreto no puede impedir derechos reconocidos en las leyes, y al refundirse la norma en el año 66, los preceptos que procedían del Decreto, seguían teniendo rango de decreto.

Y, la tercera, es la demanda social que existe ya que a nadie perjudica el aseguramiento del recargo; al contrario, asegura al trabajador su cobro, y al empresario le evita tener que lidiar con una pérdida patrimonial de gran entidad.

Tas la finalización de las ponencias, y antes de la apertura del turno de preguntas, el magistrado pidió nuevamente la palabra para puntualizar, en sentido contrario, los argumentos jurídicos por los que el recargo sería asegurable.

Las tres razones expuestas por el magistrado en contra son: en primer lugar, el tenor literal del artículo 164 de la Ley General de la Seguridad Social, que no ofrece dudas al respecto; en segundo lugar, la doctrina y la jurisprudencia ya se han pronunciado en contra de la derogación tácita de este artículo; y tercera, que el Tribunal Supremo lleva desde 1908 pronunciándose en contra del aseguramiento del recargo de prestaciones, de hecho, recuerda el magistrado la existencia de una sentencia muy reciente en esta línea. El magistrado, por su parte, sugiere que para el aseguramiento del recargo se acuda a técnicas de ingeniería jurídica, como el aseguramiento del riesgo en un país que lo permita – por ejemplo, Francia – y, o bien llevar el pleito a Francia, ya que existen Directivas comunitarias que lo permiten en ciertos casos; o bien, solicitar la aplicación de la legislación francesa en un pleito español. Esto dio paso a un enriquecedor debate sobre estas cuestiones.

Ya en el turno de preguntas, muchas cuestiones y consideración se pusieron de relieve para ser discutidas y analizadas tanto por los ponentes como por los demás asistentes. Cabe señalar algunas por su relevancia, como la cuestión acerca de si es sancionable el aseguramiento del recargo, a lo que se contesta que parece ser que no.

También se discute si el aseguramiento favorece una conducta imprudente por parte de la empresa, a lo que se contesta que tal consideración se encuentra superada en tanto se permite el aseguramiento de sanciones – como las derivadas de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal o, incluso, penas de inhabilitación profesional.

Para finalizar, uno de los brokers asistentes menciona que, en España, en la actualidad, hay una compañía que ofrece este seguro con todas las garantías del mercado: HDI. Al contar con representante de la compañía en la reunión, el Sr. Martín Gil, se le pregunta al respecto y da algunas pinceladas de cómo se ha configurado este seguro.

Este seguro se ha configurado como un seguro de pérdida de ingresos cuyo importe máximo asegurado son 500.000€ por víctima con un límite de 2.000.000€ al año. También cuenta con una franquicia de 20.000€ e incluye defensa jurídica, sin franquicia y no se deduce de la suma asegurada.

En cuanto a las exclusiones, sólo menciona el dolo, sólo cuando ha sido declarado por un Tribunal. Y, respecto a los siniestros incluidos, serán aquellos ocurridos durante la vigencia de la póliza.

Noelia Collado Rodríguez
Investigadora del Grupo de Investigación Empresa, Consumo y Derecho Universidade da A Coruña

¿En qué consiste el recargo de las prestaciones derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional?

Una de las obligaciones empresariales es velar por la salud de los trabajadores, y para ello, está obligado a cumplir todas las exigencias relacionadas con la prevención de riesgos laborales.

Por ello, cuando existe un accidente de trabajo o enfermedad profesional ocasionado como consecuencia de una infracción de las normas de prevención de riesgos laborales, el empresario estará obligado a abonar un recargo de las prestaciones a las que tiene derecho el trabajador.

Recargo de las prestaciones

  • El recargo de prestaciones por accidente laboral es un derecho del trabajador, y una obligación del empresario, que consiste en incrementar la cuantía que se percibe de la prestación derivada de un accidente de trabajo o enfermedad laboral cuando su causa haya sido por el incumplimiento de la Ley general de prevención de riesgos laborares del empresario.
  • El artículo 164 de la Ley General de la Seguridad Social establece que todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por ciento, cuando la lesión se produzca por equipos de trabajo o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los medios de protección reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad y salud en el trabajo, o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador.
  • Para que tenga lugar la aplicación del recargo se deben dar las siguientes condiciones:
  • Debe producirse un accidente de trabajo o una enfermedad profesional que conlleve el reconocimiento de una prestación económica de la seguridad social para el trabajador o sus beneficiarios en caso de fallecimiento. Es decir, sin prestación asociada, no puede haber recargo.
  • Debe existir un incumplimiento o inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales por parte del empresario. El recargo sanciona la infracción de normas de prevención.
  • Debe existir una adecuada relación causal entre el comportamiento del empresario y el resultado lesivo sufrido por el trabajador. El accidente causado debe tener su causa en la infracción de normas de seguridad en el trabajo. El nexo causal que se exige puede romperse ante una actuación de tercero ajeno a la empresa, la fuerza mayor o la imprudencia temeraria del trabajador. Esta última puede determinar el grado de responsabilidad del empresario e incluso su exoneración

Atención. La responsabilidad del pago del recargo recaerá directamente sobre el empresario infractor y no podrá ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla, compensarla o trasmitirla.

La responsabilidad es independiente y compatible con las de todo orden, incluso penal, que puedan derivarse de la infracción.

Procedimiento

La competencia para declarar la responsabilidad está atribuida al Director Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de la provincia en que tenga su domicilio el interesado, a instancias del beneficiario o tras actuación de la Inspección de Trabajo, mediante informe motivado  o sobre resolución de la autoridad laboral dándose trámite de audiencia al empresario para que efectúe las oportunas alegaciones.

El procedimiento habitual es que la Inspección de Trabajo, cuando conoce de la existencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional que puede dar lugar a un recargo por falta de medidas de seguridad, realice un informe, con una propuesta de recargo y lo remita al INSS para que este trámite el expediente y en su caso acuerde el recargo.

Para el caso de que esto no suceda, puede suceder que la inspección de trabajo no conoce la existencia de un accidente de trabajo, deberá ser el trabajador el que solicite al INSS el inicio del expediente. Iniciado el expediente, el INSS pone en conocimiento de todas las partes implicadas, entre ellas, la empresa, de la apertura del expediente.

Una vez presentado el escrito, el plazo máximo para resolver el expediente de recargo por parte del INSS es de 135 días hábiles.

En caso de que transcurra dicho plazo sin que exista una resolución expresa se deberán iniciar las reclamaciones judiciales oportunas, ya que se entenderá el silencio administrativo como la denegación del derecho al recargo de prestaciones.

El plazo de prescripción para reclamar el recargo de prestaciones es de 5 años y se inicia cuando la última prestación ha sido reconocida. Por ejemplo, si se reconoce una incapacidad permanente, seis meses después de un accidente laboral, se considerará como primer día para reclamar el recargo, después del reconocimiento de la incapacidad permanente.

Sin embargo, los efectos económicos de esta prestación, sólo se puede retrotraer 3 meses desde la correspondiente solicitud o reclamación. Es decir, si se concede no se retrotrae las consecuencias desde la fecha del accidente o de la consideración de enfermedad profesional, sino desde la solicitud.

Normativa aplicada:

  • Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Art. 164
  • Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, por el que se desarrolla, en materia de incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social, la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social. Art. 1.1.e)
  • Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Art. 22.9

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