Cuantia minima de la pension de alimentos a favor de los hijos

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De acuerdo con el principio de proporcionalidad del art. 146 CC, la cuantía de los alimentos será proporcional al caudal o medios del alimentante y a las necesidades del alimentista. Así, el mínimo vital se constituye como un concepto jurídico nacido de la doctrina jurisprudencial y no de la normativa.

Este consiste en la cuantía mínima imprescindible para cubrir los gastos ordinarios de los menores. Con este mínimo, se pretende evitar casos como el de suspensión o extinción de la pensión alimenticia, para así salvaguardar el interés superior del menor y que no quede sin sus necesidades básicas cubiertas.

Como regla general, se fija el mínimo vital en aquellas situaciones en las que el progenitor alimentante cuenta con escasos medios económicos para subsistir él mismo o para afrontar el pago de la pensión de alimentos.

La cuantía media aceptable de una pensión alimenticia ronda los 300€, mientras que el mínimo vital se encuentra entre los 100-150€ en la mayoría de los casos, pero puede variar.

El criterio utilizado por los Juzgados de Familia para determinar una cantidad a pagar por cada progenitor no es homogéneo ni está estandarizado, sino que atiende al caso concreto y a la casuística jurisprudencial anterior.

La mayor dificultad que se plantea a la hora de fijar dicha cuantía es la gran cantidad de variables a tener en cuenta además de las necesidades del menor: número de hijos, salario de los progenitores, régimen de guarda y custodia, visitas, la atribución del uso de la vivienda familiar, etc.

Variables a tener en cuenta

El régimen de custodia de menores puede ser, según los arts. 92 y 103 CC, exclusiva de un progenitor o compartida por ambos.

Junto al cómputo de días al año que pasa el menor con cada uno (en el caso de custodia exclusiva, mediante visitas del progenitor no custodio -art. 160 CC-), son criterios muy importantes a la hora de calcular la cuantía.

Al no poder hacerse de manera directa, quien pasa menos tiempo con el menor tiene el deber de contribuir indirectamente a su sustento con una pensión de alimentos.

Un elemento variable muy importante en la fijación de la cuantía es el territorial, pues afecta directamente al valor principal que protege el mínimo vital: las necesidades de los menores.

Así como fluctúa la cuantía de la alimenticia de la Comunidad Autónoma o provincia en la que se resida, también lo hace su mínimo vital; de manera proporcional al nivel de vida del territorio.

La estadística sitúa las mayores cuantías en Madrid, Cataluña, País Vasco, Asturias y Galicia.

Cabe destacar que existe una herramienta de cálculo de pensiones alimenticias creada por el Consejo General del Poder Judicial que tiene en cuenta los criterios ya comentados: tipo de custodia, número de hijos, año y municipio de residencia del menor.

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Cuantia minima de la pension de alimentos a favor de los hijos

Casuística

Como mencionaba antes, la fijación de la cuantía de la pensión de alimentos en su mínimo vital es característica de aquellos casos en las que el alimentante tiene unos medios económicos muy limitados.

Destacamos dos situaciones en las que el mínimo vital aparece: en el desconocimiento de ingresos, el alimentante no presenta pruebas respecto de los mismos o situación laboral o estas son insuficientes para estimar la cuantía.

Así, al no quedar acreditado por parte del alimentante y no constituir, a su vez,  su ocultamiento, se estima la fijación del mínimo vital. En la presunción de ingresos, el alimentante suele alegar inexistencia de estos o falta de empleo.

Ante la mínima señal de presunción, cabe fijar el mínimo vital.

Por otro lado, existen casos especiales del alimentante: alimentante en prisión o en paradero desconocido.

  • La estancia del alimentante en prisión no tiene por qué significar precariedad absoluta ni imposibilidad de acceder a empleo y sueldo, por ello, en la mayoría de los casos no supone ni suspensión ni extinción de la alimenticia, aunque sea por debajo del mínimo vital (SAP Barcelona, Sec. 12.ª, de 6 de junio de 2018). Otras veces sí significa suspensión de la pensión cuando el sueldo en prisión es muy precario (SAP Madrid, Sec. 22.ª, de 7 de febrero de 2017).
  • En caso de alimentante en paradero desconocido no implica la reducción al mínimo vital (SAP Ciudad Real, Sec. 1.ª, de 1 de febrero de 2018) ni le libera de pagar la pensión de alimentos (STS, Sala Primera, de lo Civil, de 22 de julio de 2015), siempre en beneficio e interés del menor.

Asimismo, existe un término acuñado por la Doctrina jurisprudencial llamado el “mínimo vital del alimentante” (STS, Sala Primera, de lo Civil, de 18 de marzo de 2016), también conectado con el mismo principio de proporcionalidad.

Este término pretende proteger al alimentante en caso de absoluta insolvencia o precariedad, desde la que no pueda ni tan siquiera atender a sus propias necesidades, de acuerdo con el art. 152.2 CC (STS, Sala Primera, de lo Civil, de 2 de marzo de 2015; SAP Zaragoza, Sec. 2.

ª, de 21 de mayo de 2018).

Modificación de medidas

El proceso de modificación de medidas definitivas (art.

775 LEC), basado en la alteración sustancial y duradera de las circunstancias fijadas al tiempo de la adopción de dichas medidas, también se aplica para los casos de mínimo vital.

Así, el mínimo vital fijado en la pensión de alimentos puede ser objeto de aumento, reducción, suspensión y extinción. Los criterios de modificación siguen los principios de proporcionalidad y de interés superior del menor.

Por un lado, el aumento de la cuantía del mínimo vital se relaciona con el crecimiento de los ingresos del alimentante (SAP Málaga, Sec. 6.

ª, de 30 de noviembre de 2017) o, por el contrario, con el descenso de los del otro progenitor (SAP Cuenca, Sec. 1.ª, de 16 de marzo de 2018).

En cuanto a la reducción de dicha cuantía, va de la mano con las necesidades del menor y, siempre que no se sobrepase ese umbral, cabe reducción (SAP Sevilla, Sec. 2.ª, de 4 de abril de 2018).

Por otro lado, la suspensión, según doctrina del TS, goza de un carácter muy excepcional y de un criterio restrictivo y temporal (STS, Sala Primera, de lo Civil, de 20 de julio de 2017), por motivo de situación de grave dificultad económica del alimentante. Es su carácter excepcional el que provoca que en multitud de casos no proceda la suspensión de la obligación de dar alimentos: por inexistencia de precariedad económica (SAP Madrid, Sec. 22.ª, de 13 de marzo de 2018) o incluso a pesar de esta (SAP Córdoba, Sec. 1.ª, de 26 de abril de 2018), por presunción de ingresos (SAP Albacete, Sec. 1.ª, de 15 de marzo de 2018), por percibir otra prestación (SAP Ciudad Real, Sec. 1.ª, de 26 de abril de 2018) o por baja laboral voluntaria (SAP Sevilla, Sec. 2.ª, de 4 de abril de 2018).

Por último, la extinción de la obligación alimenticia en su mínimo vital procede en caso de desaparecer las razones por las que esta se fijó; la más común, la independencia económica del hijo alimentista (SAP Baleares, Sec. 4.

ª, de 17 de enero de 2018) o, muy excepcionalmente, por la falta total de medios económicos del alimentante con carácter de permanencia en el tiempo (SAP A Coruña, Sec. 3.ª, de 17 de marzo de 2017). No obstante, siendo el mínimo vital, valga la redundancia, una cuantía mínima, se hace complicada su supresión si no se dan las circunstancias anteriores.

En estos casos, podría caber la suspensión temporal en caso de existir razones justificadas para la modificación de medidas.

La pensión alimenticia y su cuantía: ¿cuál es el mínimo vital a pagar?

Cuantia minima de la pension de alimentos a favor de los hijos

Pensión alimenticia: quién la paga, qué incluye y cómo se calcula su cuantía

Después de la separación o el divorcio de una pareja casada, los miembros más vulnerables de la unidad familiar terminan siendo, invariablemente, los hijos en común.

Por eso, la ley procura instituir protecciones especiales para los hijos menores, incapacitados o económicamente dependientes de manera que se asegure no entrarán en un periodo de precariedad.

En este sentido, la pensión alimenticia es la principal obligación que deben cumplir ciertos familiares para asegurar que sus parientes (que en la mayoría de los casos refiere a los hijos) no pasen hambre ni les falte lo necesario para cumplir con sus necesidades fundamentales.

El artículo 142 del Código Civil establece que la pensión de alimentos debe cubrir los gastos básicos del mantenimiento de los beneficiarios, conocidos como “alimentistas”, definidos como “todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica”, así como “la educación e instrucción” de los menores de edad y, si hiciera falta, “los gastos de embarazo y parto”.

Esto incluye además gastos previsibles y periódicos como lo son los elementos de aseo, los gastos médicos cubiertos por la sanidad pública y los gastos ordinarios de educación y de ocio (que incluye el teléfono móvil).

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También caben los gastos extraordinarios, como lo serían intervenciones médicas puntuales o una ortodoncia.

Los gastos extraordinarios que no necesariamente se definen como necesarios (según un tribunal si hay desacuerdo), como las actividades extracurriculares, no entran dentro de la pensión alimenticia, pero la pareja puede acordar que cada uno pague 50% de la cuantía total de los mismos. 

Quién la paga

El deudor o “alimentante”, que suele ser el progenitor no custodio, debe abonar la pensión periódicamente, siendo establecida la cuantía de esta en un convenio de separación o divorcio o a partir de una sentencia judicial.

Es importante distinguir la pensión alimenticia de la pensión compensatoria, ya que la primera se establece en favor de los hijos después de la separación o divorcio y la segunda, en favor del cónyuge que quede en situación de desigualdad.

También cabe destacar que también puede existir pensión alimenticia si hay custodia compartida, en vez de nada más cuando la custodia es monoparental.

La herramienta utilizada por el CGPJ para calcular la pensión (que tiene una cuantía mínima) toma en cuenta los ingresos de ambos progenitores, si la custodia es monoparental o compartida, el número de hijos y dónde residen estos, aunque se puede pedir una cifra mayor ante un tribunal. Su falta de pago puede reclamarse por vía ejecutiva y puede constituir un delito de abandono de familia si no se paga durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos.

En cuanto a los términos que darían paso al fin de la obligación de la pensión alimenticia, estos incluyen la desheredación del hijo, que este acceda a condiciones de vida que eliminen la necesidad (no necesariamente la mayoría de edad), la muerte del alimentario o del alimenticio o la falta de relación entre ambos si se imputa la responsabilidad al hijo. En el caso de que el patrimonio del progenitor se reduzca tanto que pierda su capacidad de hacer frente a la obligación, puede solicitar la modificación de las condiciones ante un tribunal, que puede suspenderla aunque no la extinga.

Renta 2021: ¿En qué casilla de la renta se pone la pensión alimenticia?

28.03.2022

Escrito por: Redacción

Con la campaña de la renta 2021 a la vuelta de la esquina, vamos a ver un caso habitual en separaciones y divorcios: la pensión alimenticia de los hijos.

Recordemos que aquellos que tengan hijos pueden aplicarse el mínimo por descendiente, para lo que es necesario que éste sea menor de 25 años (si es mayor de 25 años, que tenga una discapacidad igual o superior al 33%), conviva con el contribuyente y que no haya obtenido en el ejercicio rentas superiores a 8.000 euros anuales ni presente la declaración del IRPF.

Los contribuyentes separados legalmente con hijos sin derecho a anualidades por alimentos tienen derecho a la totalidad del mínimo por descendiente cuando tengan atribuida la guarda y custodia de los hijos en exclusiva. Mientras que cuando la guarda y custodia sea compartida, el mínimo por descendiente se prorrateará entre ambos padres.

¿Qué hacer si se percibe pensión alimenticia?

Anualidades por alimentos a favor de los hijos

Para el pagador: las cantidades satisfechas en concepto de alimentos a favor de los hijos por decisión judicial no reducen la base imponible general.

Cuando el importe de dichas anualidades sea inferior a la base liquidable general y no se tenga derecho a la aplicación del mínimo por descendientes, se someten a gravamen separadamente con el fin de limitar la progresividad de las escalas del impuesto.

Para los hijos perceptores: constituyen renta exenta, siempre que las mismas se perciban en virtud de decisión judicial o convenio regulador.

Los contribuyentes que satisfagan anualidades por alimentos a sus hijos por decisión judicial aplicarán la escala general de gravamen separadamente a las anualidades por alimentos del resto de la base liquidable general, siempre y cuando no convivan con el hijo y no hayan optado por la aplicación del mínimo por descendientes de esos hijos.

Pensiones compensatorias a favor del cónyuge

Para el pagador: la pensión compensatoria satisfecha reduce la base imponible general del pagador sin que pueda resultar negativa como consecuencia de esta disminución, siempre que haya sido fijada en la resolución judicial, o lo hayan acordado los cónyuges en el convenio regulador de la separación o divorcio aprobado judicialmente. El remanente, si lo hay, reducirá la base imponible del ahorro sin que la misma pueda resultar negativa como consecuencia de dicha disminución.

Para el perceptor: la pensión compensatoria recibida del cónyuge constituye un rendimiento del trabajo no sometido a retención por no estar obligado a retener el cónyuge pagador de la pensión.

En qué casilla se pone pensión alimenticia hijos

Casilla 496: Reducción por pensiones compensatorias y anualidades por alimentos. Importe de la casilla 486 que se aplica.

Casilla 507: Reducción por pensiones compensatorias y anualidades por alimentos. Remanente de la casilla 486 que se aplica.

Casilla 527: Importe de las anualidades por alimentos en favor de los hijos satisfechas por decisión judicial.

Casilla 662: Importe de la deducción ascendiente con dos hijos sin derecho a anualidad por alimentos. Importe.

Casilla 663: Dentro de la deducción por ascendiente con dos hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos: importe del abono anticipado de la deducción correspondiente a 2021.

Nota: En caso de que, previamente a la presentación de esta declaración, se hubieran regularizado las cantidades percibidas anticipadamente a través del modelo 122, se consignará en la casilla 249, 661 o 663 la diferencia entre el importe abonado anticipadamente y el importe restituido a través del modelo 122.

Pensiones de alimentos a favor de los hijos y pensiones compensatorias

  • Cuando se produce una separación o un divorcio, y hay hijos en la pareja, los progenitores o padres, deben procurarles una pensión para alimentos, al progenitor que tenga atribuida la guarda y custodia, así como en el caso de que quede acreditado un perjuicio economico para el progenitor custodiante procurarle una pensión compensatoria, que en la actulaidad suele considerarse por tiempos limitados, de 5, 10, años, hasta la mayoría de edad de los hijos, o en el caso de que contraiga nuevas nupcias.
  • Aunque no hay fórmulas ni baremos de obligada aplicación para calcularla, los parámetros que se utilizan de manera habitual son las necesidades de los hijos considerados como gastos de manutención, su número y el nivel de ingresos o medios económicos de los padres.
  • Desde MADRIDDIVORCIO, le informamos de que parametros estan cubiertos por la pensión alimenticia, así como la dificultad para calcularla y las consecuencias del impago de esta medida básica e irrenunciable.

Calcular una pensión para la alimentación de los hijos en caso de divorcio no es tarea fácil. Y lo complica aún más el hecho de la inexistencia de parámetros legales vinculantes.

La pensión de alimentos no tiene porqué ser idéntica en cada caso, ni para cada hijo, la Ley nos obliga a analizar cada caso en concreto.

En 2008, en un encuentro de jueces de familia, se acordó establecer un baremo para objetivizar las cuantías de estas pensiones. Conforme a lo allí suscrito la pensión mínima de alimentos para un hijo único rondaría los 180 euros al mes.

Pero esta decisión no tiene carácter vinculante, por lo que cada juzgado aplica la regla de la proporcionalidad en relación a:

– Los ingresos netos de los progenitores.– El número de hijos.– Las circunstancias y necesidades ordinarias y especiales que pudieran tener cada uno de ellos.– Gastos de manutención de caracter ordinario.

La pensión de alimentos no tiene porqué ser idéntica en cada caso, ni para cada hijo. Es el juez quien determina de manera individualizada la cuantía que corresponde a cada uno.

Siempre hay que hacer un estudio de la situación laboral y económica de los padres, de sus salarios netos y de otros ingresos, como rendimientos de capital mobiliario o rentas por alquileres, para fijar la cuantía de la pensión. Esta debe ser proporcional a las posibilidades económicas de quien la da y a las necesidades de quien la recibe, que están muy condicionadas por el entorno social y cultural.

Si después se produce una alteración sustancial de las circunstancias que existían al adoptarse la medida, la cuantía de la pensión de alimentos puede incrementarse o reducirse.

Con la crisis y el aumento del desempleo, el aumento de los procedimientos de modificación de medidas para reducirla es muy notable.

En todo caso, cuando se alega una disminución en los ingresos, esta debe ser relevante (no puntual ni transitoria), acreditada y nunca provocada.

Con la crisis ha aumentado el número de peticiones para reducir la cuantía de la pensión.

Respecto al cálculo exacto, las tablas y baremos ofrecen ejemplos orientadores. Sin tener en cuenta las circunstancias particulares de cada caso, fijan para una pareja con un hijo y dos salarios mensuales de 1.200 euros una pensión por alimentos de 245 euros. Si los hijos fueran dos, la pensión sería de 355 euros; si fueran tres, de 405 euros.

  1. En el caso de que el padre que no tiene la custodia gane el doble que su expareja, la cuantía sería de 518 euros por un hijo, de 751 por dos y de 855 euros por tres niños.
  2. GASTOS A INCLUIR EN LA PENSION DE ALIMENTOS. GASTOS ORDINARIOS:
  3. La pensión de alimentos tiene un sentido amplio. Se destina a todo lo que es necesario para el sustento del hijo, para cubrir sus gastos ordinarios o periodicos o gastos de caracter extraordinario:
  4. alojamiento, alimentación, asistencia médica, necesidades educativas, ropa, excursiones u otras actividades escolares, libros, etc.
  5. Y esta obligación continúa tras alcanzar los hijos la mayoría de edad, siempre que aún estudien o sean dependientes económicamente por causa no imputable a ellos.
  6. La obligación continúa tras la mayoría de edad del hijo, si aún estudia o es económicamente dependiente.
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Pero con los hijos siempre hay más gastos de los ordinarios y previsibles. A estos, los tribunales los denomina extraordinarios.

GASTOS EXTRAORDINARIOS:

Por lo general, los jueces de familia reparten estos costes al 50% entre ambos progenitores, salvo cuando las diferencias de ingresos de ambos justifiquen otros porcentajes de reparto.

Son imprevistos los gastos farmacéuticos, gafas u ortodoncia, pero también actividades extraescolares que practiquen los niños de manera habitual, como inglés, deporte o música, libros escolares, matrículas, viajes escolares, excursiones, seguros médicos privados etc…

Estos desembolsos provocan numerosas discusiones y diferencias entre el padre y la madre y, si no hay un acuerdo, hay que acudir de nuevo al juzgado para dirimir la cuestión.

La resolución puede ser distinta en cada litigio, aunque en general los gastos necesarios de atención médica que no se cubran por la Seguridad Social -y que no fueran tenidos en cuenta a la hora de fijar la pensión de alimentos- se consideran extraordinarios que se deben pagar al 50%( entran en juego los gastos por seguros medicos privados, siempre que tengan una cuota mensual o periodica se considerará como gasto ordinario, en caso contrario se considerará como extraordinario.)

Periodicidad del pago e incumplimiento:

El progenitor que no tiene la custodia abona la pensión de alimentos para los hijos comunes al custodio los 12 meses del año, incluido el mes o meses en los que sea él quien esté con sus hijos por vacaciones.

Esto es así porque para fijar la cuantía de la pensión, los tribunales tienen en cuenta la anualidad completa, y cada mensualidad no es más que un prorrateo del importe anual, incluyendo las pagas extraordinarias, y bonus anuales por objetivos o facturación.

El pago de la pensión es una obligación fijada por sentencia.

Por ello, su incumplimiento, además de poder ser considerado un delito penal de abandono de familia, puede suponer incluso el embargo de cuentas y salarios, sin que se aplique el límite general de inembargabilidad del Salario Mínimo Interprofesional. En estos casos, el juez señala la cantidad que se debe embargar.

Si el padre obligado al pago no puede hacer frente a sus obligaciones, debe acudir al juez y solicitar la modificación de las medidas, porque el impago por dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos puede llegar a considerarse como delito de abandono de familia. Si se presenta una denuncia por ello, el juez puede imponer una pena de tres meses a un año de prisión o una multa, con lo cual actuar con rápidez es esencial, ya que la deuda puede crecer mes a mes hasta que no modifiquemos la cuantía.

El Fondo de Garantía de Pago de Alimentos adelanta el abono de 100 euros mensuales durante 18 meses cuando el progenitor obligado al pago no cumpla.

Es una medida a favor de los menores de edad y de los mayores de edad afectados por una discapacidad en grado igual o superior al 65%.

También se aplica a los menores extranjeros de países ajenos a la Unión Europea con residencia legal en España durante al menos cinco años y en cuyos países se reconozca a los españoles medidas análogas.

La renta de la unidad familiar con la que convive el menor no debe superar el valor anual del IPREM (6.390,13 euros en 2012) multiplicado por 1,5, si solo hubiera un hijo.

Este coeficiente aumenta un 0,25 por cada hijo más.

La pensión, medida básica e irrenunciable ( derecho de los hijos ):

Las personas en proceso de divorcio deben acordar las llamadas medidas comunes, que se recogen en un convenio de mutuo acuerdo y deben ser convalidadas por un juez. Si no hay acuerdo, se resolverán en un procedimiento contencioso y se determinarán por el juez en la sentencia.

La pensión de alimentos a favor de los hijos es una de estas medidas y tiene carácter irrenunciable. El progenitor que tiene la custodia no puede renunciar a ella en nombre del hijo. Y si no se solicita, la fijará el juez.

El resto de medidas comunes se refieren a la atribución del uso de la vivienda familiar, la patria potestad, guarda y custodia de los hijos, el régimen de visitas y, en su caso, la pensión compensatoria.

Aunque se pueda pensar que cuando hay un régimen de guarda y custodia compartida al 50% no habría por qué fijar una pensión de alimentos, esta puede establecerse, por el bien del hijo, en el caso de que haya grandes diferencias entre los ingresos económicos del padre y de la madre.

LA CUANTÍA DE LA PENSIÓN DE ALIMENTOS A FAVOR DE LOS HIJOS – Núria Angulo – Advocat a Girona

  • ¿Cuánto debo pagar de alimentos por mis hijos en caso de divorcio o separación?
  • Para determinar la cantidad a pagar como pensión de alimentos a favor de los hijos debe examinarse, por un lado, la capacidad económica de los progenitores y por otro, las necesidades del menor o menores teniendo en cuenta el régimen de guarda y custodia, sea compartida o exclusiva a favor de uno de los progenitores.
  • La cuantía mínima de la pensión de alimentos o “mínimo vital” es la cantidad con la que los progenitores han de contribuir para cubrir los gastos más imprescindibles para el cuidado de los hijos menores.
  • Según la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales: “este mínimo vital constituye una prestación alimenticia a favor de los menores que suele oscilar entre los 150 y 200 euros en que suele fijarse por los Tribunales.”
  • Si puedo probar que no tengo recursos, ¿puedo librarme de pagar alimentos?

No. la prestación de alimentos a los hijos menores es una obligación ineludible de la patria potestad.

Incluso en situaciones en las que los progenitores se encuentran en una difícil situación económica, incluso precaria, debe tenerse en cuenta que el deber de dar alimentos es de derecho natural y es una de las obligaciones de mayor contenido ético del ordenamiento jurídico español recogida en el artículo 39.3 Constitución Española.

Así que la escasez de medios económicos no es excusa. Lo que sí puede solicitarse es contribuir de una manera proporcional a los ingresos, por ejemplo, en un 70-30% o la modulación que finalmente establezca el Tribunal.

De esta manera lo han establecido las diversas Audiencias provinciales, entre ellas la de Girona, Barcelona, ​​Vigo, Pontevedra, Vizcaya, La Coruña, Sevilla, Madrid … Las Audiencias han igualmente establecido que ambos progenitores deben contribuir en un mínimo para atender las necesidades básicas del hijo.

Los alimentos ¿los debo pagar a la madre o al padre del menor?

El beneficiario de la prestación es el menor por lo que cada vez más a menudo los Juzgados de Familia vienen determinando que los alimentos se ingresen en una cuenta mancomunada en la que se domiciliarán los gastos del hijo común, incluyendo los gastos ordinarios y los gastos extraordinarios necesarios.

???? PENSIÓN ALIMENTICIA MÍNIMA POR HIJO EN 2022

La pensión de alimentos en favor de los hijos es una de las cuestiones que ha de regularse en los supuestos de crisis matrimonial que pueden manifestarse en forma de separación, divorcio o nulidad del matrimonio, siempre, claro está, que existan hijos comunes entre los cónyuges.

El art. 90 del Código Civil dispone que “1.

El convenio regulador a que se refieren los artículos 81, 82, 83, 86 y 87 deberá contener, al menos y siempre que fueran aplicables, los siguientes extremos: d) La contribución a las cargas del matrimonio y alimentos, así como sus bases de actualización y garantías en su caso”. Por su parte, el art.

1318, relativo al régimen económico-matrimonial, señala que “los bienes de los cónyuges están sujetos al levantamiento de las cargas del matrimonio” y el art.

1362 se refiere a estas cargas, si bien en lo que a la sociedad de gananciales respecta, determinando que “serán de cargo de la sociedad de gananciales los gastos que se originen por alguna de las siguientes causas: 1.ª El sostenimiento de la familia, la alimentación y educación de los hijos comunes y las atenciones de previsión acomodadas a los usos y a las circunstancias de la familia”.

Más concretamente, de conformidad con el art.

93 CC y en caso de que no exista convenio regulador o el mismo no sea aprobado, “el Juez, en todo caso, determinará la contribución de cada progenitor para satisfacer los alimentos y adoptará las medidas convenientes para asegurar la efectividad y acomodación de las prestaciones a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento”.

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¿Qué engloba la pensión de alimentos?

Es evidente que nuestro Ordenamiento Jurídico identifica como una de las cargas del matrimonio la de proporcionar los recursos suficientes a los hijos, cuestión que ha de quedar regulada y garantizada en el convenio regulador o la resolución judicial que adopte las medidas que hayan de regir la relación entre los excónyuges, y que se materializa a través de la denominada pensión de alimentos.

Precisamente, el art. 142 CC define los alimentos casuísticamente, estableciendo que “se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica.

Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aun después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable.

Entre los alimentos se incluirán los gastos de embarazo y parto, en cuanto no estén cubiertos de otro modo”, siendo de destacar los alimentos relativos a la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad, que dota a la pensión de alimentos reconocida a favor de los menores de un mayor contenido y protección. Se trata de un régimen jurídico particular que se diferencia de la pensión de alimentos reconocida al alimentista mayor de edad y que no goza, por su parte, de una tutela equivalente.

En relación con los sujetos obligados a prestar alimentos, el art. 143 del Código Civil señala a su vez que “están obligados recíprocamente a darse alimentos en toda la extensión que señala el artículo precedente: 1.° Los cónyuges. 2.° Los ascendientes y descendientes.

Los hermanos sólo se deben los auxilios necesarios para la vida, cuando los necesiten por cualquier causa que no sea imputable al alimentista, y se extenderán en su caso a los que precisen para su educación”.

Encontramos, pues, una nueva distinción que nos lleva a diferenciar los denominados alimentos amplios, los debidos entre cónyuges y ascendientes y descendientes y cuyo contenido es el que recoge el art. 142 CC, y los alimentos estrictos, debidos entre hermanos y de un contenido notoriamente inferior.

¿Cómo se calcula la pensión de alimentos de un hijo?

En cuanto al importe de la pensión, el art. 146 CC señala que “la cuantía de los alimentos será proporcionada al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe”, mientras que el art.

147 CC permite su modulación en atención a las circunstancias de alimentante y alimentista, disponiendo que “los alimentos, en los casos a que se refiere el artículo anterior, se reducirán o aumentarán proporcionalmente según el aumento o disminución que sufran las necesidades del alimentista y la fortuna del que hubiere de satisfacerlos”.

Ha de precisarse, no obstante, que la modificabilidad de los alimentos debidos a hijos menores de edad se concibe más estrictamente, priorizándose en todo caso las necesidades del menor, llegando a constituir esta pensión de alimentos una de las excepciones a la inembargabilidad del salario mínimo interprofesional del alimentante, de conformidad con el art. 608 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que precisa que “lo dispuesto en el artículo anterior no será de aplicación cuando se proceda por ejecución de sentencia que condene al pago de alimentos, en todos los casos en que la obligación de satisfacerlos nazca directamente de la Ley, incluyendo los pronunciamientos de las sentencias dictadas en procesos de nulidad, separación o divorcio sobre alimentos debidos al cónyuge o a los hijos o de los decretos o escrituras públicas que formalicen el convenio regulador que los establezcan”.

Tratando de determinar la cuantía de la pensión de alimentos, si bien el art.

146 CC determina que la misma habrá de establecerse en atención a la capacidad económica de quien la da y a las necesidades de quien la recibe, no se establecen en nuestra legislación criterios que permitan fijar, con mayor precisión, dicha cuantía, por lo que serán los cónyuges a través de sus acuerdos o los Tribunales, en caso de que discrepen de dichos acuerdos o cuando la crisis matrimonial resulte contenciosa, los que establecerán dicha cuantía.

¿Qué es el «mínimo vital» como pensión de alimentos?

No obstante, los Tribunales han fijado progresivamente criterios que habrán de observarse a la hora de determinar la pensión de alimentos, siempre que resulten de aplicación al caso en cuestión.

En concreto, la jurisprudencia ha consolidado el concepto del “mínimo vital” en la pensión de alimentos, es decir, aquel importe que en el peor de los casos habrá de abonarse como prestación por considerarse el indispensable para poder sustentar adecuadamente al alimentista.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en su Sentencia de 18 de marzo de 2016, estableció que “lo normal será fijar siempre un mínimo vital que contribuya a cubrir los gastos repercutibles más imprescindibles para la atención y cuidado del menor”, de forma que sólo con carácter muy excepcional, con criterio restrictivo y temporal, podrá admitirse la suspensión de la obligación del pago de la pensión. Ante cualquier presunción de ingreso, por mínima que sea, habrá de abonarse, “aún a costa de un gran sacrificio por el progenitor alimentante”. Sin embargo, la falta de medios económicos del alimentante constituirá, asimismo, otro “mínimo vital”, como sucede en los casos en los que éste es absolutamente insolvente, dando lugar a uno de los supuestos genéricos de extinción de la obligación de alimentos, de conformidad con el art. 152.2 CC. En casos de pobreza tal, dice el Tribunal Supremo, corresponde a los poderes públicos y no a la propia unidad familiar garantizar el “mínimo vital” del hijo, considerando al Derecho de Familia insuficiente para reconducir tales situaciones.

Además, la jurisprudencia ha teniendo en cuenta circunstancias tales como un estado de absoluta pobreza, la situación de desempleo, la clase de trabajo desempeñado, el lugar de residencia, la titularidad de bienes o deudas a la hora de reconocer o no una pensión de alimentos limitada exclusivamente al “mínimo vital” del alimentista.

La Audiencia Provincial de Bizkaia y, en concreto, su Sección Cuarta, también se han manifestado sobre este concepto, acordando una pensión de alimentos que garantice mínimamente las condiciones de subsistencia de los menores alimentistas. En particular, su Sentencia 1089/2021, de 29 de junio de 2021, rec.

624/2021, resuelve, en su Fundamento Jurídico n.º 2, que “hay que ponderar las exigencias del art. 10.3 de la Ley 7/2015, de 30 de junio, de relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores, y el art. 146 CCv, que ordenan que para fijar la pensión se tengan en cuenta los recursos del alimentante y las necesidades del alimentista.

Con los ingresos disponibles, y mermado el ingreso recibido por la venta de la vivienda, no es factible mantener el importe de la pensión alimenticia de las dos hijas mayores de edad. Ha de asegurarse, no obstante, un «mínimo vital» imprescindible para el desarrollo de la existencia en condiciones de suficiencia y dignidad, como se deduce de los preceptos citados y de los arts.

110 y 154.1 CCv. Así lo hemos declarado en SAP Bizkaia, Secc. 4ª, 184/2017, de 10 de marzo, rec. 742/2016, 633/2017, de 13 octubre, rec. 429/20917, 267/2018, de 20 abril, rec. 829/2017, entre otras muchas, igual que la STS 55/2015, de 12 febrero, rec.

2899/2013, por lo que debe ser acogida en parte la pretensión y reducir a 75 euros mensuales la pensión para cada una de las hijas”, estimando el recurso de apelación que dio lugar al procedimiento en cuestión.

El Consejo General del Poder Judicial, por su parte, ha elaborado una serie de tablas que, atendidas las circunstancias del caso, permiten determinar las cuantías recomendadas a la hora de fijar la pensión de alimentos.

La última actualización de las tablas prevé, como pensión mensual cuando exista un hijo dependiente, la cuantía mínima de 163 euros, presuponiendo que el progenitor custodio no tiene ingresos y que el progenitor no custodio dispone de 700 euros mensuales.

Una mayor renta del progenitor custodio reducirá el importe de la pensión, mientras que una mejor situación económica del progenitor no custodio la aumentará.

En los supuestos de custodia compartida, el Consejo General del Poder Judicial señala que corresponderá a ambos progenitores el pago de la pensión de alimentos, en proporción a sus ingresos y teniendo en cuenta el tiempo que cada uno de ellos disfruta del hijo en cuestión, atendiendo siempre a un criterio de proporcionalidad.

¿Cómo se actualiza una pensión de alimentos?

Tal y como se ha señalado antes, el art. 90 del Código Civil exige que el convenio regulador recoja los alimentos debidos, así como sus bases de actualización y garantías en su caso.

La actualización de la pensión de alimentos suele realizarse con arreglo al Índice de Precios al Consumidor.

En el año 2022, el IPC ha resultado positivo, en concreto, del 5’5%, lo que supondrá un incremento de las pensiones de alimentos en dicha cuantía que habrá de hacerse efectivo, con carácter general, desde el 1 de enero de este año.

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